La Cámara de Diputados de Argentina inició este miércoles la primera audiencia pública para tratar la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado, en un esquema cuestionado por restringir la participación ciudadana, ya que limita la intervención a una pequeña parte de los más de 100.000 inscriptos y deja fuera a la gran mayoría de los interesados en exponer.

La jornada contará sólo con 200 oradores presenciales, mientras que otros 200 participarán el jueves de forma virtual. El resto de los anotados solo podrá enviar presentaciones escritas o grabaciones en video, lo que ha generado críticas por considerar que se trata de una instancia con escaso margen real de intervención.

El proceso se desarrolla en un clima de tensión política, atravesado por cuestionamientos tanto a la organización del debate como a las condiciones impuestas. El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, definió un formato mixto que concentra las exposiciones en apenas dos días —25 y 26 de marzo— priorizando a los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones, lo que en la práctica excluye a la mayoría.

Desde organizaciones socioambientales cuestionaron el carácter “exprés” de las audiencias, al señalar que más del 90 % de los inscriptos no podrá participar de manera directa. En ese sentido, advirtieron que el mecanismo adoptado apunta más a cumplir con un requisito formal que a promover un debate amplio.

En paralelo, continúan las disputas judiciales. Mientras un juzgado rechazó una medida cautelar que buscaba suspender las audiencias, aún está pendiente la resolución de otra presentación impulsada por entidades ambientalistas.

Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, confirmaron que solo podrán ingresar al recinto quienes hayan sido previamente notificados, y que la actividad será transmitida por los canales oficiales de la Cámara. También pidieron a los bloques políticos limitar la presencia de asesores por cuestiones de espacio.

Pese a los reclamos de la oposición para extender la duración de las audiencias, el cronograma se mantuvo sin modificaciones. En ese contexto, para la tarde se prevé una movilización de organizaciones ambientalistas y comunidades originarias, que exigirán mayor participación y alertarán sobre los posibles impactos de una eventual flexibilización de la normativa vigente en materia de protección de glaciares.

A la movilización se sumarán representantes de comunidades mapuche, mapuche-tehuelche y diaguita de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Catamarca, junto con integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y del MTE Rama Rural. Los convocantes buscan poner de relieve los posibles impactos ambientales, sociales y culturales que podría acarrear una flexibilización de la legislación vigente sobre glaciares.

Asimismo, diversas organizaciones ambientales y de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria por la Crisis Climática y Greenpeace, pidieron formalmente que se garantice “la participación oral de la totalidad de los inscriptos en la audiencia pública”, con el objetivo de que se puedan recibir todas las opiniones sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado.

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